El buen gobernante

JUAN PEDRO DUEÑAS SANTOFIMIA


La filosofía como aprendizaje del filosofar que con actitud reflexiva y crítica invita a conformar criterios a través de la experiencia nos llevaría a la sabiduría

Los encargados de la tarea de gobernar deben ser poseedore del saber mas elevado consistente en el conocimiento de la idea del bien, como objetivo supremo de su misión, por eso es exigible a los mejores, tanto en la posesión de ese conocimiento del bien como en la virtud de saber, administrarlo.

El buen gobernante debe, además de cumplir esas condiciones , poseer la virtud de la generosidad sin esperar contraprestación alguna de contenido material salvo aquella que le permita vivir con la dignidad de cualquier ciudadano cumpliendo así su función de servidor que le ha llevado a participar en el proceso electivo evitando tanto la avaricia como la codicia de bienes materiales.

Tanto tenía cuando entré a ejercer la función de servir a los demás cuanto tengo el día que dejo tan noble misión., con condicion y virtud tan elevada que ni tan siquiera le sea exigible demostrarlo.

Para bien gobernar solo hace falta una prudente sabiduría del bien y valerse del conocimiento técnico de fieles colaboradores para llevar al campo de la realidad social la eficacia de la buena gestión.

Aparece misión imposible en la realidad actual y no realizable a corto plazo pero si se hacen patentes esas exigencias a los futuros gobernantes estaremos fomentando la filosofía del bien hacer.

Para ello es absolutamente necesario tanto una modificación de la estructura y funcio namiento de partidos politicos, como una reforma del sistema electoral que nos permita el conocimiento personal e individualizado para la elección de nuestros gobernantes, y la prohibición irresoluta de pactos a posteriori que desvirtúen el contenido del mandato.

El gobernante debiera ser aquella persona que en base a sus méritos, conocimientos y confianza que nos infunde, elegimos para que ejercite nuestros derechos en el ámbito de la comunidad a que pertenecemos .

Si para cualquier cuestión de nuestra vida hubiéramos de elegir un profesional para que gestione nuestros intereses, nos exigiríamos saber qué persona es, cualidades personales y profesionales que posea y capacidad para gestionar aquellos intereses que les vamos a depositar, y no aceptaríamos como válido el que el respectivo colegio profesional del ramo nos ofrezca para nuestro encargo, si no nos parece idóneo.

Resulta un contraste que la Ley de Partidos Políticos que regula la constituión, funcionamiento y finalidad de los partidos, entre otras exigencias establezca, como requisito, recoger en sus estatutos la elección abierta y democrática de sus representantes, mediante el voto secreto, pero en cambio la Ley Organica de Regimen Electoral General , ( trasladando al ámbito de la representatividad general ) no establece como exigencia que la elección sea abierta, y personal, sino que admite la representativa del partido en bloque, o de las personas que el partido político haya incluido interesadamente en sus listas, obviando la idóneidad o nó para ejercer la función de representación de los intereses públicos, y lo hace pensando mas en los intereses internos del partido que en los de los ciudadano., con lo que podría quebrar con el principio constitucional de contribución al funcionamiento institucional y provocar cambios y mejoreas desde el ejercicio del poder político al preponderar el intrés partidista sobre los intereses generales proclamados tanto en la Constitucion como en la citada ley.

Es opinión casi generalizada, de todos los partidos que integran el aspectro político actual, la necesidad de una reforma legislativa que democratice el derecho constitucional que haga realidad el ejercico libre de representación política, pero solo aluden a ello cuando los resultados electorales no les han sido favorables, con lo que nuevamente se hace manifiesto el interés partista sobre los intereses generales de los ciudadanos.

La Ley de Partidos Políticos ( en el marco de las buenas intenciones que proclaman la exposición de motivos de las leyes ) considera que cualquier proyecto u objetivo se entiende compatible con la Constitución siempre y cuando no se defienda mediante una actividad que vulnere los principios democráticos o los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Nuestra actual Constitución, en su artículo 23, recoge el derecho de participación en lo público, como un derecho fundamental y por tanto ninguna ley que regule su jercicio puede ser contraria a ese fin participativo. No siendo cierto que se viole tal derecho, si lo es que limite su plena eficacia al permitir que el ejercicio del sufragio pueda admitirse indirectamente y no exclusivamente de forma individualizada y de libre y abierta designación.que sería la máxima representacción democráctica del ejercicio de derecho de sufragio pasivo

La implantación de este principio con obligación legal, nos acercaría a la posibilidad de elegir a los mejores los mas sabios, los mas humildes, los amantes de su pais, los mas honestos, que, a la postre y fin, serían los buenos gobernantes, evitando así la caterva de sinvergüenzas, inmorales, torpes, analfabetos y delincuentes que nos están gobernando por permisibilidad legal. 


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