Una concentración reclama la dotación de ayudas a mayores y dependientes

ANTONIO MANUEL CABALLERO
POZOBLANCO


La recién creada Plataforma Ciudadana para la Defensa de los Derechos de las Personas Mayores y Dependientes organizó ayer, en el Risquillo, una concentración debido a que “muchos de nuestros mayores y personas dependientes se encuentran en situación de necesidad, de emergencia social, tienen necesidades especiales y la denominada Ley de la Dependencia no les está facilitando la ayuda que necesitan y que les pertenece por derecho”.

El acto contó con la asistencia de algunos concejales del Ayuntamiento. Además, se pidió la dotación de plazas concertadas para el centro de la Asociación Recuerda.

María José Vázquez, promotora de la Plataforma, leyó un comunicado en el que señaló que “sí que podemos luchar para que esta injusta y penosa situación se corrija cuanto antes, es decir, en el plazo máximo de un mes”.

Y añadió que “esto debe cambiar, tiene que cambiar y la comarca de Los Pedroches no parará hasta que así sea, porque lo que nos jugamos es mucho y muy importante para todos nosotros: la atención a los más desprotegidos de nuestra sociedad, los mayores y enfermos en situación de dependencia que no pueden valerse por sí mismos”.

“Ellos levantaron nuestros pueblos en épocas de escasez, con incalculables sacrificios, y sería imperdonable a nuestra generación si en estos momentos históricos no les prestamos nuestra voz, nuestras voluntades, para reclamar lo que les pertenece y lo que merecen por justicia y por sus méritos”, según señaló.

La plataforma ha comenzado también una recogida de firmas. /SÁNCHEZ RUIZ



AYUDAS RECOGIDAS EN LA LEY

En el manifiesto, María José Vázquez, puso de relieve que según datos del XVII dictamen del Observatorio de la Dependencia, elaborado anualmente por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales a 31 de diciembre de 2016, en España había 1.213.873 personas en situación de dependencia reconocida y otras 103.238 pendientes de valoración. Es decir, que el 2,6% de la población necesita apoyos para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria. De dicha población con dependencia reconocida, el 28,69% no estaba recibiendo ayuda de ningún tipo, a pesar de que 122.000 personas fueron diagnosticadas como dependientes de grado II o grado III.

En los últimos cinco años, unas 150.000 personas dependientes con derecho a recibir alguna prestación han fallecido sin llegar a percibir esas ayudas que, por derecho, les pertenecían.

Resoluciones para las que, en determinadas cuestiones, la Ley de Dependencia establece un plazo de 6 a 9 meses como máximo, se demoran en la mayoría de los casos hasta más de 2 años. Esto significa que numerosas personas no cuentan con la prestación que necesitan con urgencia: ayuda en el domicilio, ayuda en unidad de estancia diurna o centro residencial, etc., lo cual hace que la situación de enfermos, familiares y cuidadores sea insostenible.

Una pancarta presidió el acto reivindicativo. /SÁNCHEZ RUIZ



LISTA DE ESPERA


En Andalucía existe una lista de espera de personas con derecho reconocido y sin prestación, y, por tanto, desatendidas por la Administración Pública, que asciende a 95.589 dependientes. El número entre quienes esperan a que se les valore y reconozcan sus derechos y aquellos que ya los tienen reconocidos, pero a los que no se les concede la ayuda (ayuda a domicilio u otro tipo de recurso), asciende a 190.762 personas; “todas ellas sin respuesta, ignoradas por la Delegación Provincial en Córdoba y por la Junta de Andalucía. Ambas Administraciones argumentan que todos estos expedientes están en trámite, que hay muchos por delante y que es preciso esperar, saltándose así los plazos establecidos por la propia Ley”.

Por otra parte, existen 308 plazas concertadas sin ocupar en la provincia de Córdoba, “mientras que muchos de nuestros mayores con escasos recursos se ven obligados a pagar una plaza de carácter privado con un coste superior a 1.000 euros (por lo general entre 1.200-1.500 euros),cuando las pensiones que perciben son de 600-700 euros”. De esta manera, “estas personas mayores, tras una vida de lucha, sacrificios y escasez, tienen que vivir la angustia de no saber cómo podrán pagar la plaza en la residencia, porque la concesión de una plaza concertada tarda largos meses y hasta años, mientras que en las residencias permanecen plazas concertadas sin ser adjudicadas durante meses. Prueba de ello son las 308 plazas concertadas sin ocupar mencionadas anteriormente”.

También hubo música en El Risquillo. /SÁNCHEZ RUIZ



MAYORES DESAMPARADOS


María José Vázquez, que espera que la plataforma se extienda en otras ciudades y provincias, aseguró que “a nuestros mayores y otras personas dependientes se les están negando sus derechos, se les ha silenciado y se les han dado largas desde hace años”.

“Muchos viven solos, se encuentran enfermos, necesitados de ayuda de terceras personas, y la Ley de Dependencia, considerada como uno de los pilares del bienestar social y a través de la cual deben ser ayudados como derecho universal, les ha desamparado, ignorado y negado la ayuda necesaria para que puedan permanecer en su entorno el mayor tiempo posible, teniendo una vida digna y unos niveles mínimos de atención”. 


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