Injusticia en la valoración de los inmuebles para la aplicación de impuestos

MIGUEL CARDADOR LÓPEZ
(Presidente-Editor)


Parece claro que todo el mundo es consciente de que en el 85% del territorio español la crisis se ha quedado, y que la burbuja inmobiliaria estalló y esto repercutió en los inmuebles, que como media han bajado de un 40% a un 60% desde el 2008, a excepción de las grandes ciudades con más de 200.000 habitantes y en los sitios céntricos, que son una parte minoritaria y excepcional.

Pues he aquí que los que siguen sin enterarse son los que gobiernan, tanto a nivel central como en el autonómico, pues exigen en la actualidad que las Oficinas Liquidadoras de los Impuestos Autonómicos de Andalucía (que residen en los Registros de la Propiedad) sigan aplicando criterios para la valoración de inmuebles que pueden resultar en muchas ocasiones injustos en la fijación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales cuando se produce la compra de un inmueble.

Me he querido asegurar de forma práctica y veraz, y de varios casos he escogido uno de un pequeño inmueble de la calle Tinte de Pozoblanco.

Por el mismo el comprador ha pagado la cantidad de 17.000 euros a unos herederos que en la actualidad viven en Málaga.

La desagradable sorpresa le ha venido al comprador, al cual le ha llegado una complementaria basándose para fijar la base imponible en la aplicación de un coeficiente sobre el valor catastral (que, como estamos viendo últimamente con las famosas “cartas negras” que se han recibido, en muchos casos aparece absolutamente “inflado”) con lo cual sale una base imponible de 44.579,73 euros, cuando, como digo, el precio real de la compraventa ha sido de 17.000 euros.

Por la realidad del precio que ha supuesto la compraventa, sabiendo que la cuota del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales sale de aplicar el tipo del 8% sobre la base, debería de pagar el comprador, por justicia, 1.360 euros (8% x 17.000) y con el atraco de la complementaria tendrá que pagar más del doble, concretamente 3.566,37 euros (8% x 44.579,73) en lo que es un sablazo en toda regla proveniente de la Hacienda andaluza.

Vemos cómo la mayoría de las veces las injusticias van a la clase media, que en casos como éste se queda indefensa, y de nuevo los gobernantes se lavan las manos como si estuvieran en una burbuja, donde no pisan el momento actual y terrenal. Porque no atender al valor real de la compraventa y aplicar para fijar una base imponible el mismo coeficiente a todos los inmuebles de un mismo municipio, sin atender a las peculiaridades específicas y concretas que tenga cada uno, esto es, sin tener en cuenta, por ejemplo, el grado de deterioro y enormes daños o desperfectos que pueda tener el inmueble en el momento de la transacción, o de la necesidad imperiosa que tenga el vendedor de desprenderse de él, supone el que pueda fijarse un valor a efectos impositivos que puede ser muy superior al que realmente opera en el mercado en la situación inmobiliaria actual, y en consecuencia aparezca una base imponible que es muy superior a la del precio real que se ha pagado por la transmisión.

Yo les contestaría a los que determinan la valoración de los inmuebles en la Junta de Andalucía, que si tan claro lo tienen, que se queden ellos con el inmueble por la cantidad que ellos dicen que vale y le entreguen dicha cantidad a su actual dueño. Además estoy seguro que el dueño estaría muy feliz de recibir esa cantidad, e incluso estaría dispuesto a hacerles un buen descuento.

Este despropósito guarda paralelismo con el que hasta ahora se hacía por parte de los ayuntamientos con el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía), pues, más que “plusvalía”, en su mayoría se producía todo lo contrario, porque se vendía por debajo del valor por el que se compró, con lo cual en realidad se producía una minusvalía. Pero los ayuntamientos se hacían los sordos y se sacaban de la chistera un impuesto totalmente ilegal y paradójico, donde al vendedor se le penalizaba aun cuando hubiera vendido su inmueble por menor valor, cosa que está ocurriendo con el 85% de las ventas por la crisis, que sigue, y más en el sector inmobiliario.

Gracias a que una empresa vasca denunció al Ayuntamiento por lo que consideraban una salvajada y al final el Tribunal Constitucional le dio la razón, y a partir de aquí se ha creado jurisprudencia que ha tumbado dicho impuesto cuando se vende el inmueble urbano por debajo del precio por el que se adquirió.

De nuevo tocará luchar, y de nuevo habrá que apelar a que haya algún “Quijote” que luche contra estos métodos tan arbitrarios e injustos de fijar los valores de los inmuebles de forma tan taxativa, sin atender a las peculiaridades y situaciones concretas y específicas de cada uno en el momento preciso en el que se produce la transmisión.

Desde nuestro periódico quiero levantar mi pluma ante dicha injusticia, al tiempo que la doy a conocer a los lectores, y además les invitaría a que si se ven en este atropello que busquen el camino de la justicia. 


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