La ley

JUAN BOSCO CASTILLA
(juanboscocastilla.com)


Algunos gobernantes creen que el hecho de haber sido elegidos por el pueblo les otorga una suerte de soberanía, esto es, un poder supremo e ilimitado de decisión, y les cuesta trabajo entender el papel de los funcionarios, de los interventores, por ejemplo. “¿Cómo es posible que el interventor me impida hacer esto, si él no ha sido elegido por el pueblo y yo sí?”, dicen. No saben que en la democracia la voluntad del pueblo no se expresa a través de la voluntad de sus gobernantes, sino a través de la Ley, que ha sido aprobada por sus representantes. Y es la Ley (el pueblo) la que ha puesto allí al interventor para que controle la acción de los gobernantes.

Como la Ley es la expresión de la voluntad popular, los jueces no deben aplicar la justicia, sino la Ley. De lo contrario, se generaría una inseguridad tremenda, pues la justicia es un concepto muy amplio y tan impreciso que en cualquier conflicto entre dos personas tendrá dos caras distintas. Por mal redactada que esté y vaga que sea, siempre es mejor tener una Ley (oral o escrita) que ninguna. Ello no quiere decir que haya que prescindir de la justicia, sino al contrario, pues los representantes del pueblo deben hacer leyes justas y los jueces aplicar criterios de justicia para interpretarlas.

Cuando una ley se tiene mayoritariamente por injusta, lo suyo no es dejar de aplicarla, sino derogarla o cambiarla. Y lo mismo debe hacerse cuando, simplemente, la ley no sirve al bien común. Los representantes del pueblo deben estar atentos para hacer las leyes más justas y convenientes. Si no están atentos, el pueblo los releva cuando hay elecciones y nombra a otros para que lo estén.

Es España, el poder supremo e ilimitado de decisión corresponde al pueblo español, así, en conjunto, esto es, como nación. Ni siquiera los representantes del pueblo español, que están facultados para expresar la voluntad del pueblo cuando hacen leyes, pueden saltarse la Ley, ni pueden hacer leyes que vaya contra la ley de leyes, es decir, contra la Constitución.

Y lo que pasa en España no es distinto de lo que pasa en el resto de países democráticos. De manera que a ningún demócrata, sea de España o no, se le ocurrirá decir que los interventores no deben controlar a los gobernantes, que los jueces deben aplicar antes su visión de la justicia que la Ley o que los concejales de un pueblo tienen potestad para decidir si este se sale de una provincia y se incorpora a otra, si lo impide la Ley. Y si lo impide la Ley, no dirá que los diputados provinciales tienen potestad para declarar a su provincia comunidad autónoma ni dirá que los parlamentarios autonómicos tienen potestad para declarar Estado independiente a su comunidad.

No lo dirá un demócrata, eso es seguro, pues en la democracia la legitimidad viene de la legalidad. Y quienes creen que pueden autoproclamarse depositarios de la soberanía popular por encima de lo que establece la Ley y declarar Estado independiente a su comunidad caen en los mismos errores que quienes piensan que los jueces deben aplicar directamente la justicia o que los gobernantes no están sometidos al control de los interventores. 


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