La jueza archiva la causa contra Antonio Fernández por los cursos de formación en Andalucía

REDACCIÓN 
POZOBLANCO


La jueza de instrucción, María Núñez Bolaños, archivó el pasado martes la pieza política de los cursos de formación, en la que hay acusados 24 exaltos cargos del PSOE, entre ellos los cordobeses Antonio Fernández, exdelegado de Empleo y exalcalde de Pozoblanco, y María José Lara, exdirectora general de Formación, en un auto en el que critica la actuación del PP-A como parte personada y a la Unidad Central Operativa (UCO) por la instrucción.

En un auto notificado el martes, la titular del juzgado de instrucción 6 de Sevilla coincide con la petición de la Fiscalía Anticorrupción de archivar la causa así como con la afirmación de que no existía la red de clientelismo político, como sostuvo la jueza que abrió la causa en el 2014, Mercedes Alaya.

En su resolución, la instructora considera que “no revisten el carácter de delito” de malversación ni de prevaricación los hechos investigados sobre las “presuntas irregularidades” en la concesión, gestión, justificación y liquidación de los fondos públicos destinados a acciones formativas para el empleo entre los años 2009 y 2012. Respecto a la inexistencia de la red de clientelismo político, la jueza señala que de las más de 18.000 subvenciones otorgadas, el PP-A encontró que 39 empresas tienen alguna vinculación con el PSOE.

La instructora afirma que “no resulta significativo que el PP-A encuentre” esos vínculos con “exmiembros del Gobierno andaluz o del PSOE o familiares de éstos o amigos de éste o del familiar”.

María Núñez Bolaños, titular del juzgado de instrucción 6 de Sevilla. 


Además, añade que es “poco probable, por no decir inverosímil”, que participaran en esa presunta trama de red clientelar tanto la dirección general de Formación como los delegados provinciales así como los funcionarios de los servicios centrales y de las delegaciones. Sobre las críticas al PP-A, la instructora califica como “impertinentes e inútiles” las peticiones que han hecho en septiembre de nuevas diligencias de investigación, y señala que no existe razón para que dicte el auto de archivo a pesar de la recusación administrativa que han presentado contra ella. Esas diligencias pedidas solo inciden “más en la constatación de irregularidades administrativas o, en su caso, de menoscabo de fondos públicos, no siendo objeto de la causa la investigación ni de presuntas irregularidades administrativas, ni de posibles riesgos de menoscabo o de menoscabo”, afirma.

Respecto a las críticas a la Guardia Civil, la instructora alude al “error del que se parte cuando se dice por la UCO que una subvención no está justificada. Partiendo de dicho error todo lo demás no es sino redundar en nuevos errores”. “No todas las subvenciones que dice la UCO no estar justificadas efectivamente no lo están, el fraude no es sinónimo de prevaricación o de malversación, el menoscabo de fondos públicos tampoco”, subraya el auto.

La instructora señala que “abrir una causa penal por delitos de prevaricación y malversación sobre la base de un fraude o de menoscabo de fondos públicos, asimilando los conceptos de fraude o menoscabo al de prevaricación o malversación, es contrario a derecho y al principio de legalidad”. Por ello, la jueza concluye que “investigar sobre la base de teorías o hipótesis formuladas por Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que se sostienen en la existencia de irregularidades administrativas cuando, como hechos objetivables, sólo constan esas posibles irregularidades administrativas, podría suponer una vulneración de los principios de Legalidad, Seguridad Jurídica e Intervención Mínima del derecho penal”.


No hay comentarios :

Publicar un comentario en la entrada