Antonio Fernández asegura que «no tenía margen» de dar subvenciones a quien quería

EFE
SEVILLA


El exalcalde de Pozoblanco y exdelegado de Empleo en Córdoba Antonio Fernández, negó el pasado martes “trato de favor” a ninguna de las empresas de esta provincia en los cursos de formación, aunque ha admitido que la “única que se paso en la modulación” fue Faasa y ha remitido la explicación a su declaración ante la justicia.

Así lo expuso en la Comisión de Investigación, creada en el Parlamento de Andalucía, Antonio Fernández que inicialmente se acogió a su derecho a no declarar, si bien más tarde cambió de opinión y decidió responder a determinadas preguntas de los grupos.

No obstante, hizo una intervención inicial en la que ha lamentado que entre la ciudadanía “cale” el mensaje de que se malversaron 3.000 millones de euros y se ha referido a la “tribulaciones y al calvario” al que están sido “sometidos” la mayoría de los ex delegados provinciales.

Antonio Fernández junto aLpresidente de la Comisión de Investigación. /PARLAMENTO DE ANDALUCÍA


Detenido e imputado por el presunto fraude de la formación en marzo del 2105 por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a raíz de una orden de la juez Mercedes Alaya, el también exalcalde socialista de Pozoblanco ha negado “trato de favor” a las que empresas recibieron subvenciones y ha dicho que “todo se hizo conforme” a los procedimientos.

“La valoración de los cursos estaba perfectamente modulada, la única que se ha pasado en la modulación ha sido Faasa, pero tiene una explicación y se dará en el lugar que proceda”, ha sostenido el exdelegado quien, a preguntas del PSOE, ha aseverado que “nunca” actuó contra la legalidad y que “no tenía margen” de dar subvenciones a quien quería.

Fernández, que ha discrepado con las conclusiones del informe de la Intervención de Córdoba, ha explicado que las exoneraciones de expedientes llevadas a cabo en la provincia eran decisión del entonces consejero de Empleo, Antonio Ávila, y ha precisado que estas decisiones “no fueron” exclusivamente en formación sino en distintos ámbitos, entre ellas a programas con ayuntamientos y mancomunidades.

De las subvenciones otorgadas a la autoescuela de la que fue socio fundador, y a una asociación de discapacitados, en la que trabajan dos hermanos suyos, ha dicho que “no se inhibió porque no había ninguna colisión de intereses”.

Sobre el incremento de las subvenciones a la autoescuela por tres hasta alcanzar más de un millón de euros, según el PP, el exdelegado lo ha achacado, primero al tiempo que lleva recibiendo subvenciones y, segundo, a que “se han disparado los costes” en los últimos años.

También ha comentado que la formación que ofrecía esta empresa era “más costosa y cualificada” que otras de la competencia. Sin embargo, se ha negado a contestar sobre la “repetición de ayudas a los mismos beneficiarios” de algunos cursos, caso de la empresa de la mujer del exdirigente socialista, Rafael Velasco, o sobre los cursos impartidos en las sedes que “compartían” el PSOE y UGT en Nueva Carteya.

Rodrigo Sánchez, del PSOE, denunció que las “insinuaciones” de los grupos han provocado que declarase el exdelegado “en contra” de sus derechos procesales, lo que calificó de “lamentable”.

“No se entiende que en contra de sus intereses se haya metido a contestar a muchas preguntas”, le ha reprochado.

En su turno, Miguel Ángel Torrico, del PP, negó ningún tipo de coacción o que el compareciente haya sido “embaucado”, y ha estimado que Fernández es “al menos” responsable político de las irregularidades detectadas por los interventores en la tramitación de estas ayudas.


No hay comentarios :

Publicar un comentario en la entrada