Las cartas que no van a llegar

MIGUEL CARDADOR LÓPEZ
(Presidente-Editor)

En el año 2014, la Directora General del Instituto Nacional de la Seguridad Social, María Eugenia Martín, se comprometió con los agentes sociales en elaborar un borrador para sus superiores en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. El mismo era delicado, pero al mismo tiempo de gran importancia, pues se iba a informar a más de 5,2 millones de trabajadores españoles, por primera vez y de forma personalizada, de cuál sería la pensión que cobrarían cuando se hiciera efectiva su jubilación en la próxima década.

Se haría para personas mayores de 50 años, y serían éstos los que de primera mano podrían ver la cruda realidad, y ésta no es otra que el comprobar que su pensión no alcanzará, como sucede ahora de media global, el 80% del sueldo de sus últimos años. Al ritmo que vamos, y tras las reformas de Zapatero y Rajoy, los futuros pensionistas cobrarán como mucho el 50% de su sueldo cuando se jubilen, y eso a pesar de que la mayoría de los que hoy tienen más de 50 años de edad llegarán a tener 40 años o más de vida laboral cotizados.

El tema de las pensiones, que es uno de los pilares más básicos del bienestar social de los que además se han ganado ese derecho con sus contribuciones a la Seguridad Social, es un problema gravísimo, y parece que nadie (ni antes ni ahora) con responsabilidad política quiere afrontar, obviándolo o mintiendo, en lo que simplemente es una cuestión de base aritmética. Para mantener los actuales porcentajes sería necesario llegar en los próximos diez años a 26 millones de cotizaciones, frente a los 17 millones actuales. Tendría que producirse un milagro de incremento del ¡52%!

Visto lo visto, desde la Moncloa no se cree oportuno que a cinco meses de las elecciones generales todas estas personas conozcan la cruda realidad de que ya pueden ir ahorrando por el sistema que consideren para su vejez. Ni siquiera acompañando la misiva con el mensaje de que sin Rajoy aún será peor.

Igualmente, en paralelo a lo público, se debe de acordar un mecanismo para que bancos y aseguradoras envíen otra misiva informando con total claridad a los que tengan contratados planes de pensiones privados qué cantidad cobrarán exactamente al “jubilarse” por esa vía. El problema en este apartado será ver cómo un trabajador puede tener capacidad real para ahorrar a través de estas alternativas privadas, cuando en la actualidad los salarios están cada vez más ajustados, siendo incluso en muchas ocasiones casi una heroicidad el poder llegar sin agobios económicos a final de mes, con el engaño del IPC (Índice de Precios de Consumo).

Hay que agradecer al Gobernador del Banco de España, Luis Linde, que con cierta flema británica, en sede parlamentaria dijera que “el sistema público de pensiones no garantiza el nivel que esperan los españoles”. Ahora, eso sí, a él que no le toquen las tres pensiones a que tiene derecho en su retiro, por las que cobrará unos 11.500 euros mensuales. Parte de estos dineros se nutrieron de un fondo de pensiones para veteranos, con aportación del propio Banco de España.

Por todo ello, y aunque sea legal, los cargos públicos con pensiones de “oro” gracias al contribuyente, deben de medir muy bien lo que dicen, y sobre todo tienen la obligación de una vez por todas de dar ejemplo de ética, y cuanto menos empezar a recortar sus multimillonarios salarios y mostrar menos cinismo pues, mientras con doble moral disertan sobre la necesidad de contener o incluso bajar los salarios, al mismo tiempo nos recomiendan ahorrar para la vejez.

Mala disyuntiva de futuro se presenta, ya lo dice el sabio refranero español “guarda, por si la muerte te tarda”. Mientras, Rajoy y su equipo de gobierno, han decidido dar marcha atrás con las cartas que prometieron enviar, y de esta maneraseguir ocultando la cruda realidad del futuro a medio plazo del cobro de las pensiones.

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